Ante el crecimiento de los casos de personas que no logran hacer frente a sus compromisos financieros, fue presentado en la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que busca incorporar a la Defensoría del Pueblo bonaerense como organismo de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.
La propuesta fue impulsada por el diputado Facundo Tignanelli y plantea la creación de un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. Entre sus principales medidas, contempla que la Defensoría, actualmente conducida por Guido Lorenzino, no solo atienda las consultas y casos particulares, sino que también genere una instancia prejudicial obligatoria destinada a facilitar la reestructuración de las deudas.
El mecanismo también apunta a poner límites a situaciones consideradas abusivas por parte de entidades financieras, plataformas digitales y agencias dedicadas a la cobranza.
“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, sostuvo Lorenzino al referirse a la iniciativa.
En ese sentido, el titular de la Defensoría señaló que la intención es alcanzar soluciones equilibradas para las partes involucradas. “Buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”, afirmó.
Por su parte, Tignanelli explicó que uno de los objetivos centrales es reducir la desigualdad existente entre los consumidores y las empresas a la hora de negociar las obligaciones pendientes.
“Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”, manifestó el legislador.
Una mirada integral sobre las deudas
Uno de los aspectos centrales de la propuesta consiste en dejar atrás el tratamiento individual de cada deuda para evaluar de manera integral la situación económica de la persona sobreendeudada.
De esta manera, se busca evitar que un acuerdo alcanzado con uno de los acreedores termine impidiendo que el consumidor pueda cumplir con sus restantes obligaciones.
El proyecto también establece obligaciones para los acreedores, quienes deberán participar y colaborar en las instancias de negociación. La falta de comparecencia, la ausencia de respuestas, la negativa injustificada a proporcionar información, la entrega de datos falsos o las maniobras destinadas a demorar el procedimiento serán consideradas incumplimientos.
Entre los objetivos establecidos por la iniciativa se encuentra facilitar la regularización de las deudas y preservar condiciones razonables de subsistencia tanto para la persona deudora como para su grupo familiar.
Asimismo, se pretende evitar incrementos desproporcionados de intereses, gastos, comisiones y otros cargos, además de impulsar acuerdos que estén de acuerdo con la verdadera capacidad económica de cada consumidor.
El proyecto también contempla medidas para preservar el crédito y posibilitar el cumplimiento de las obligaciones, prevenir prácticas abusivas durante el otorgamiento, administración y cobro de créditos, reducir la cantidad de conflictos que llegan a los tribunales y garantizar mecanismos de cobranza dignos, transparentes y libres de abusos.
Asesoramiento gratuito y negociación antes de llegar a la Justicia
La iniciativa establece que el acompañamiento brindado por la Defensoría del Pueblo será gratuito. El organismo podrá intervenir para coordinar las negociaciones entre las personas consumidoras y quienes reclaman el pago de las deudas.
En caso de que el proyecto sea aprobado y se convierta en ley, la instancia prejudicial tendrá carácter obligatorio antes de que el conflicto pueda avanzar hacia una negociación por la vía judicial.
De esta manera, la propuesta busca generar una herramienta estatal que permita abordar el sobreendeudamiento desde una perspectiva integral, facilitando acuerdos posibles para los consumidores y, al mismo tiempo, procurando preservar el cumplimiento de las obligaciones dentro de las posibilidades económicas reales de cada caso.